(El Tiempo) Batalla por el impuesto del 5 por ciento a toallas y tampones

(El Tiempo) Batalla por el impuesto del 5 por ciento a toallas y tampones

“Esa norma viola el derecho a la igualdad ya que quedaron gravados algunos bienes de primera necesidad para las mujeres colombianas. Las ciudadanas de este país serán gravadas con IVA, solamente por el hecho de haber nacido bajo el sexo femenino”.

Ese es uno de los argumentos con los que Danilo Andrés Virviescas, analista de comercio exterior en The Dow Chemical Company, demandó la ley 1819 del 2016 de reforma tributaria. Su demanda se dio específicamente contra el artículo 185 que gravó con un impuesto del 5 por ciento a “las compresas y tampones higiénicos”, y será estudiaba por la Corte Constitucional en las próximas salas. 

El ciudadano aseguró que este impuesto viola el derecho a la igualdad, pero también el de equidad y progresividad. “En vez de desarrollar la progresividad, lo que se produce es una política regresiva en materia fiscal, que a su vez discrimina, porque son las mujeres quienes al alcanzar la adolescencia están obligadas a pagar el impuesto al adquirir estos productos que son de primera necesidad únicamente para ellas”.

Así, el demandante hace una comparación entre mujeres y hombres, y afirma que el gravamen termina afectando a productos que sólo usa el género femenino, excluyendo al masculino.

Ante el polémico debate han llegado varios conceptos ante la Corte Constitucional. Uno de ellos es el de la Procuraduría General, organismo que se mostró a favor del impuesto del 5 por ciento para toallas, tampones y protectores. Otro concepto es el de la Defensoría del Pueblo, que pide tumbar ese tributo considerándolo discriminatorio.

Para la Procuraduría, la diferencia entre hombres y mujeres en este asunto es relevante porque “los sujetos no pertenecen al mismo género, y en consecuencia no son comparables en lo atinente a la norma acusada, por lo cual en este aspecto la diferencia de trato es constitucionalmente válida”.

El Ministerio Público afirma que es “admisible gravar productos de primera necesidad utilizados exclusivamente por un género determinado de la población, cuando no hay similitudes en el supuesto de hecho de la norma que ameriten un trato igualitario”.

La Procuraduría asegura que “la igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales”.

En su concepto, la Procuraduría afirma que distinto sería si existiera un bien de primera necesidad utilizado sólo por miembros del género masculino, que hubiera sido objeto de un tratamiento tributario marcadamente diferente al ítem de toallas y tampones. Esto implica que según ese organismo, el impuesto sería desigual si a un producto de necesidad básica masculino no se le hubieran cobrado impuestos.

Los demandantes habían dicho que es inconstitucional el impuesto a los tampones y toallas porque resulta regresivo, ya que se les cobra lo mismo por estos productos a las mujeres que tienen menos recursos y a las que ganan más dinero. La Procuraduría dice que el impuesto no es regresivo porque hay una lista de bienes de primera necesidad que están excluidos de impuestos y en ellos las mujeres y familias.

Defensoría respalda que se tumbe el impuesto

Pero en la otra orilla del debate está la Defensoría del Pueblo. En su concepto enviado a la Corte, ese organismo asegura que el impuesto a toallas y tampones es discriminatorio ya que “gravar estos bienes implica incrementar su costo y, por tanto, reducir la posibilidad de acceso de los mismos, en particular para las mujeres y niñas con menos capacidad adquisitiva”.

Para la Defensoría, este debate es clave teniendo en cuenta las condiciones estructurales de desigualdad que se mantienen entre hombres y mujeres “en las que estas continúan siendo la población con menos recursos económicos”.

El organismo asegura que este impuesto impacta en el derecho a la salud de las mujeres, educación y participación social, e incrementa la brecha dándole más garantías a la población masculina, lo que desconoce los compromisos del Estado para eliminar estas diferencias.

Por eso la Defensoría le pidió a la Corte que le ordene al Congreso que exima a las mujeres de este gravamen, y que además haga un llamado a las autoridades para que “bajo la comprensión de que la higiene menstrual constituye un asunto de derechos humanos, se emprendan las acciones necesarias que conduzcan a garantizarla a toda la población”.

La Defensoría también asegura que para garantizar el derecho a la igualdad de mujeres y niñas, se debe incorporar un enfoque de género en el estudio de este asunto en la Corte Constitucional. Esto, para comprender que la menstruación como fenómeno biológico “ha representado un factor determinante para su exclusión social a lo largo de la historia de la humanidad”, situación que ha sido contrarrestada con las toallas higiénicas y tampones, para los que no se deben imponer barreras, ya que tienen relación con el derecho a la dignidad.

El concepto también trae a colación las diferentes posiciones que la filosofía y el pensamiento feminista ha generado frente a lo que significa la menstruación. Así, la Defensoría asegura que se debe comprender el significado social del periodo menstrual para poder entender la importancia que tienen las tecnologías creadas para su manejo en la vida de mujeres y niñas.

Además, plantea que este impuesto viola el mínimo vital si se tiene en cuenta lo que una mujer debe gastar para poder asumir las toallas, tampones y protectores. A esa consideración, agrega que la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el país es del 20,4 por ciento, y que mientras la población de mujeres alcanza el 50,7 por ciento, la proporción de mujeres ocupadas es solo del 46, lo que contrasta con los hombres, cuyo nivel de ocupación alcanza el 68 por ciento.

Citando a Tarzibachi, a lo largo de su vida una mujer habrá usado 10.140 unidades de estas tecnologías, y habrá gastado como mínimo 1.264 dólares en estos productos, teniendo como referencia el más barato en el mercado estadounidense”.

Ante estos puntos de vista, el asunto será discutido por los nueve magistrados de la Corte Constitucional en las próximas salas plenas. La ponente en este caso es la magistrada Gloria Ortiz, quien es presidenta de la comisión de género de la Rama Judicial, lo que alienta a algunos sectores en que su propuesta de fallo tendrá en cuenta un enfoque de género.

En la Corte hay otra demanda de una ciudadana, Érika Natalia Moreno Salazar también pidió tumbar este tributo contra los tampones y toallas higiénicas.

Tomado de: El Tiempo

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