(El Espectador) Un fiscal enjaulado

(El Espectador) Un fiscal enjaulado

Cuando en esta columna del 24 de septiembre de 2016 se denunció la ilegal medida cautelar que el juez del pleito entre Neocorp y Carlos Mattos tomó, perjudicando a los usuarios de los vehículos Hyundai, era impensable el desenlace que a la fecha ha tenido el caso: Cárcel para el Juez que tomó dicha medida cautelar, para siete funcionarios de la administración de justicia y para dos abogados.

Pero la reacción mas sorprendente en este escándalo de la justicia fletada por el poder corruptor de empresarios inescrupulosos, es la reacción del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien debe responderle a país si él ha sido abogado de Carlos Mattos.

Debo advertir que, cuando me ilustré hace dos años sobre la medida cautelar que el juez corrupto le aprobó a Carlos Mattos y que puso contra las cuerdas a Neocorp prohibiendole distribuir productos Hyundai, se me informó que había sido el propio Humberto Martinez, en calidad de abogado particular, quien estructuró jurídicamente semejante esperpento procesal. Por lo anterior, me permito preguntarle públicamente al abogado Nestor Humberto Martinez Neira: ¿Usted sustentó, asesoró y/o estructuró jurídicamente como jurista los detalles sustanciales y procedimentales de dicha medida cautelar? Si la respuesta es NO, pues perfecto, siga adelante con las medidas del ente investigador a su cargo en este vergonzoso caso de sobornos a la justicia. Si la respuesta es SI, o cualquiera de sus matices a los que nos tiene acostumbrados en sus gaseosas respuestas, debería no solo apartarse del caso, sino renunciar como Fiscal General.

El Fiscal Martínez ha quedado muy mal en el caso Odebrecht, que solo avanza para desviar y demorar la atención sobre los verdaderos beneficiados de los sobornos, al tiempo que permite el matoneo judicial de sus subalternos sobre periodistas como María Jimena Duzán, que logran más pruebas que la propia Fiscalía.

El Fiscal Martínez tiene que explicar a nombre de quien está su lujoso apartamento en Madrid, pues sus propias respuestas al periodista Gonzalo Guillén evidencian puede estar utilizando una sociedad fachada para esa propiedad.

No solo por sus antecedentes como abogado privado, sino principalmente por sus cuestionables actuaciones al frente del ente investigador que en muchos casos quedan en cortinas de humo, el Fiscal es preso de intereses privados en contra de los intereses públicos que debe representar.

Tomado de: El Espectador

About The Author

Related posts