Bonos de agua

Bonos de agua

La jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, Ana Lucía Villa, cuestiona que el esquema de Bonos Agua obligue a los municipios a pagar tasas entre el 11% y el 17% hasta el 2025, cuando hoy las tasas están alrededor del 8%. Ve inconveniente la pignoración de los recursos del Sistema General de Participación en lo atinente al agua potable y la prohibición que hizo la SuperSociedades a los municipios de prepagar la deuda por Bonos Agua.

Primera Página. El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad de Apoyo Fiscal, que está a cargo hace unos 15 años de Ana Lucía Villa, no acepta que los municipios que hayan acudido al esquema de los Bonos Agua para financiar sus obras de acueducto y alcantarillado, no puedan prepagar estos papeles.

Este esquema amarra a los municipios a pagar tasas entre el 11% y el 17% hasta el año 2025, cuando las tasas en el mercado financiero están hoy alrededor del 8%. Además les quita caja a los municipios, pues el esquema pignora los recursos que pueden recibir los municipios por el Sistema General de Participación, en lo atinente al agua potable.

Entre los muchos atrapados en esta trampa de la iliquidez, aparece la capital del Cesar, la ciudad de Valledupar, que se vio obligada a acudir a ley 550 luego de terminado el Festival de la Leyenda Vallenata. El municipio de San Carlos, Córdoba, es otro ejemplo, ?va a ser inviable, para el tema del agua potable a la vuelta de seis meses?, afirma al respecto la jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal.

Ana Lucía Villa, en otro de sus apartes de la entrevista comentó:

“Yo he estado buscando un acercamiento con el doctor (Alberto) Carrasquilla (ex ministro de Hacienda) y con el doctor Andrés Flórez (ex presidente de Fogafín) que fueron los estructuradores de los bonos para entender por qué. Yo entiendo cuál es la dinámica de los bonos en el mercado, y es que uno los pone a largo plazo, pero mi punto es por qué no los puedo prepagar”.

“Y tengo adicionalmente -dice la señora Villa- un problema enorme y es que el municipio de Montelívano – Córdoba – tenía una deuda de dos mil algo millones de pesos en el tema de agua y plata suficiente de regalías retenidas para pagar los pasivos, como esto sí tenía soportes, yo lo incluí en el inventario de acreencias para pagarlo, para pagarlo rápido. Los abogados de la Fiduciaria Alianza fueron e interpusieron lo que se llama una objeción ante el acuerdo de pasivos y la superintendencia (de Sociedades) lo falló en contra del municipio, y le ordenó excluir el pasivo del agua del inventario y no admite prepago. Entonces yo voy a estar pagando $2.500 millones hasta el año 2.025, teniendo con qué cancelarlo ya y a una tasa del 17%, cuando la que tengo más alta hoy día es DTF más 2.5, que no llega a 8%. Entonces, que es inconveniente desde el punto de vista financiero de una entidad territorial, sí. ¿Por qué? Porque tengo restricción de prepago o de modificar las condiciones. Normalmente una deuda usted la puede reestructurar, usted llama al Banco de Colombia y le dice yo ya no le puedo pagar, amplíeme el plazo y bájeme siquiera medio punto la tasa, ábrame espacio, y esas reestructuraciones las hemos hecho muchas veces, pero con los bonos no se puede”.

“Qué dicen los que defienden el tema: que es que los bonos son mercado público de valores, yo no sé en manos de quién esté el bono, luego yo no puedo cambiar las condiciones a un inversionista, y mucho menos si el respaldo financiero lo tiene un inversionista extranjero. Hasta dónde hemos llegado, con el fallo de la SuperSociedades que es el juez natural de los acuerdos de pasivos, pues me toca acatarlo, así yo no esté de acuerdo”,puntualiza la señora Villa.

La UAF pide a municipios demandar a Configura y a Alianza Fiduciaria por marco legal de Bonos Agua

Como “un marco legal ligero” calificó Ana Lucía Villa, la jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, la base jurídica para la actuación tanto de Configura como de Fiduciaria Alianza en el tema de los llamados Bonos Agua, por lo cual pidió a los municipios afectados adelantar las correspondientes acciones judiciales.

Ante la pregunta de Primera Página de cuál es el paso a seguir frente a la encrucijada de algunos municipios que tienen atrapados los recursos de la Nación, específicamente del Sistema General de Participación, en lo atinente a agua potable, la señora Villa respondió:

“Que las entidades territoriales adelanten acciones judiciales. ¿Por qué? porque toda la actuación, tanto de Configura, como de Fiduciaria Alianza tiene un marco legal ligero. Esta fue una decisión mala de los alcaldes. Qué me toca a mí, y ya me mandaron decir, si usted nos aplica medida correctiva en agua como suspensión del giro por ejemplo, se los cobro por la vía judicial”.

“Casos como el del municipio de San Carlos, en Córdoba, donde se llevaron todo el recurso y no quedó para los subsidios. Ese es un municipio que va a ser inviable, para el tema del agua potable a la vuelta de seis meses. Pero ese fue un estudio que tenía que haber hecho la entidad territorial, con el financiador, pues con la persona que les estaba poniendo los recursos. Cuándo me entero yo de todo esto, cuando vienen y se acogen a la ley 550, y me encuentro la deuda ahí, en esas condiciones”.

“El lunes posterior a terminarse el festival vallenato, recibimos en 550 a Valledupar, una de las principales deudas que tiene es esa (bonos agua). Yo le advertí al alcalde: alcalde yo no le puedo reestructurar esa deuda, aquí hay un fallo de la súper (Superintendencia de Sociedades)”.

La vergüenza del superávit fiscal de los municipios en 2012: $10 billones sin ejecutar

Como vergonzoso calificó la directora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, los resultados del más reciente informe de gestión fiscal de las entidades territoriales en 2012. Hay $10 billones de balance de las entidades territoriales, es decir, esa es la plata que las entidades territoriales no ejecutaron en el 2012.

No da para otro calificativo, ya que una de las mayores quejas de los mandatarios locales es la falta de recursos para solucionar las necesidades de su comunidad. La funcionaria afirma que los ingresos propios entre Enero – Diciembre de 2011 y Enero – Diciembre de 2012 crecieron un 8% real y que en el 2012, las entidades territoriales tuvieron un superávit total de $4 billones, sin incluir el endeudamiento.

Frente a esto Ana Lucia Villa manifestó que el problema de las entidades territoriales en la actualidad es su incapacidad de ejecutar los recursos públicos.

Caso Bogotá: el lunar negro de la baja ejecución

La directora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda se refirió a que del presupuesto de la capital, que en 2012 quedó en $11,5 billones, quedaron en caja $2 billones, lo cual refleja la baja ejecución. Esto significa que la capital de la República dejó de ejecutar el 23% de su presupuesto asignado para vigencia de 2012.

La explicación que da el Distrito es la priorización de la obras en la capital y que en otras aún no se cuenta con los diseños. Pero cabe recordar que el gobierno distrital presentó para aprobación del Concejo un cupo de endeudamiento de $4,3 billones, que le fue negado repetidamente con tres argumentos: primero, que no están bien estructuradas las obras en que se va a gastar este dinero; segundo, que ello sería dar un cheque en blanco a la administración que ha demostrado baja ejecución de los recursos, y en tercero, que con este cupo de endeudamiento, la ciudad quedaría sobreendeudada con proyectos que no son prioritarios. Sin embargo el ocho de Junio el concejo aprobó finalmente un cupo de endeudamiento por $3,03 billones.

Respecto a la pregunta de Primera Página a la funcionaria sobre la ejecución en Bogotá, ésta le respondió: ?Bogotá, por Dios santísimo, Bogotá tiene un superávit de casi $2 billones de pesos, Bogotá?, refiriéndose al superávit del 2012, y agregó: ?tiene, entre recursos de balance y reservas presupuestales, $2 billones. Es una muy baja capacidad de ejecución, muy baja. Una ciudad como Bogotá no se puede quedar con $2 billones en el banco, ¿o si? Entonces, insisto, insisto muchisisisisimo, aquí lo que necesitamos es ser capaces de ejecutar.?

Si y está pidiendo endeudamiento. Yo digo gástese eso primero, y después da la pelea política de un endeudamiento. Porque yo me reuní con los concejales, ponentes de? una cosa es que yo le apruebe un cupo de endeudamiento a un alcalde y el verá, si tiene capacidad apruébesela, pero uno no se puede ir a meter a decir yo se lo apruebo sí y solo si usted ejecuta esto, esto, esto. El ilegal, inconstitucional, o no se lo apruebe y tenga todas las razones técnicas del caso para no aprobarlo, pero en el caso de Bogotá, espérate yo miro, no sé si tengo aquí separado eso, Bogotá: reservas por $792.000 millones, recursos del balance por $1.2 billones, ingresos sin créditos ni recursos del balance de $8.3 billones.”

Caso Barranquilla: de `patito feo` a la ciudad que más ejecuta

La capital del departamento del Atlántico pasó de ser el `patito feo` de las administraciones con mayores problemas fiscales y que la llevaron a acogerse a la Ley 550 en 2001, a una de las ciudades más sobresalientes en materia de saneamiento fiscal, incluso por encima de Medellín y de Bogotá.

La directora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda le explicó a PP las razones por las que Barranquilla pasó al grupo de ciudades positivas en materia de ejecución y planeación fiscal:

“Barranquilla en el año 2001 hizo acogimiento a la Ley 550 y tuvo después de eso dos alcaldes que acogidos a la Ley 550 y la situación de la entidad territorial era más dramática, no obstante, estaba acogido a un acuerdo de pasivos. A partir del 2008, llega una administración que lo que hace es reforzar la capacidad institucional de la entidad territorial. Y hoy día Barranquilla es la ciudad que más sobresale en Colombia, más que Medellín y más que Bogotá” señaló Ana Lucía Villa.

Barranquilla venía de una situación crítica, de un inventario de pasivos cercano a los $600.000 millones y con un recaudo mínimo de su potencial tributario. Pero la historia cambió en el 2008 con la llegada de Alejandro Char a la Alcaldía de Barranquilla. Según Villa, la administración de la capital del Atlántico en esa época se centra en reforzar la capacidad institucional de la entidad territorial: “hoy día Barranquilla, estando en acuerdo de pasivos, porque lo tiene vigente, es la ciudad del país con el indicador de desempleo más bajo de Colombia, tiene el índice o el indicador de formación de capital más alto, tiene saneados sus pasivos, ya los saneo todos” agregó Ana Lucia Villa.

Estas declaraciones fueron hechas por Villa antes del pronunciamiento del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que destacó el superávit fiscal de 0,65% del PIB que obtuvieron las entidades territoriales.

Cárdenas señaló que las entidades territoriales obtuvieron un superávit fiscal equivalente a $4,3 billones y destacó el dinamismo de la actividad económica nacional y el crecimiento de los ingresos tributarios propios de las gobernaciones y alcaldías durante el año pasado.

El matoneo judicial pone en jaque a las entidades territoriales

Se evidencia otro fenómeno que pone en jaque la inversión pública en las regiones y ha desviado los recursos de alcaldías municipales hacia particulares que los captan “legalmente” a través de órdenes judiciales.

En varias regiones del país, en especial la costa Caribe, la corrupción o mala gestión de los alcaldes no son las únicas causas para la pérdida de los presupuestos municipales. Primera Página habló con la directora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, Ana Lucia Villa, quien confirmó que existe un uso de la rama judicial que se ha convertido en un negocio: por medio de fallos contra los municipios, se obliga el pago de pasivos inexistentes o que ya habían sido cancelados.

Según Villa, el caso más grave lo registra Córdoba, donde municipios como Montelíbano, Ciénaga, Tolú, Tolú Viejo, Coveñas están “plagados” de este tipo de fallos judiciales: “Tengo algunas entidades en una situación crítica, pero las tengo en situación crítica porque nos las estamos peleando con otras instituciones. Usted tiene la región de Córdoba, por ejemplo, que es una región rica, desde el punto de vista agropecuario, minero, generador de agua, de fuentes hídricas” indicó Ana Lucia Villa, y agregó “el principal problema actualmente de las entidades territoriales es la judicialización de los recursos. Se organizaron de tal manera que los jueces fallan contra las entidades territoriales y les embargan los recursos”.

Cómo funciona la red de matoneo:

Primera Página pudo establecer que en las demandas están inmiscuidos abogados, jueces y magistrados de tribunales inescrupulosos. El mecanismo consiste en que en nombre de un pasivo laboral, y bajo la bandera de respeto a los derechos de los trabajadores, se demanda a una entidad territorial,“los abogados le compran la acreencia laboral al pensionado o al trabajador por el 30% y le cobran hasta el 200% a la entidad territorial. Ese es el negocio” sentenció Villa.

Pero esta no es la única modalidad encontrada por las autoridades, que advierten que las bandas criminales se organizaron de tal manera que los jueces fallan contra las entidades territoriales y les embargan los recursos.

Lo más grave de esta denuncia es que, en ambas modalidades, cuando se revisa en las alcaldías, como ha sucedido con la de Montelibano, Córdoba, la Unidad de Apoyo Fiscal encuentra que son acreencias inexistentes, o que ya han sido canceladas, pero como hay un fallo de un juez, están obligados a pagarla.

Al respecto señala Villa: “Usted llega a la Alcaldía y no encuentra los soportes de que a don pepito Ordoñez yo le estoy debiendo $2.000 millones, pero yo no sé porque le debo a don pepito Ordoñez $2.000 millones. No hay como una trazabilidad de lo que generó ese pasivo: que es lo que tengo sobre la mesa, un fallo de un juez” Y agrega “voy al juzgado, por los antecedentes de este fallo: <<No es que como este Juzgado se quemó pues no hay antecedentes>>, lo único que no se quemó fue el fallo”. También informa la directora de la UAF que ya ha puesto al tanto de estos hechos al ministro de Hacienda.

Caso Córdoba y Matoneo Judicial:

Este departamento es el que más preocupa a la Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y en el que más se evidencia la persecución judicial en contra de la entidades territoriales.

Actualmente, de Córdoba y sus 30 municipios, 15 entidades territoriales se encuentran sujetas a la Ley 550, entre ellas la Gobernación y la ciudad capital. Llama la atención de las autoridades que esto suceda a pesar de que este departamento recibe las ganancias de CerroMatoso, tiene ganado y grandes fuente hídricas, lo que lo convierte en un escenario ideal para la inversión.

Sin embargo como lo señala Ana Lucia Villa, el lunar que le impide a Córdoba ser una región próspera son las “bandas criminales que capturan los recursos de los territorios”.

“Donde usted ponga un mapa, donde usted tiene regalías, tiene estos negocios. Ponga un mapa, y usted se encuentra a Ciénaga, Tolú, Tolú Viejo, Coveñas, donde hay un transporte importante de hidrocarburos Todo Córdoba, todo Sucre, usted lo que se encuentra son las montañas de fallos judiciales”, señala la directora de la Unidad de Apoyo Fiscal.

Caso Chocó y el Cartel del `embargue`

Uno de los departamentos emblemáticos por la corrupción y la desidia e indiferencia de su clase política tradicional es el Chocó. De ahí que el departamento tenga una pobreza histórica, un atraso en la infraestructura y una corrupción por las nubes. Chocó puede servir de ejemplo para el resto de administraciones locales de lo que no se debe hacer en la gestión de recursos públicos.

No hay departamento en Colombia al que el Gobierno le haya puesto más cuidado que al Chocó, pero es un hueco sin fondo, con una clase política corrupta, capturándose el departamento en la salud, en la educación, en la infraestructura” afirma Villa.

Y es que no se necesita ir muy lejos para poner en evidencia la ineficiencia de los gobernantes o la diligencia con la que la dirigencia política de la región se ha apropiado o ha perdido el dinero de las obras de infraestructura.

En ese sentido, Ana Lucia Villa recuerda “cuántas veces se presupuestó los recursos para hacer la vía Las Ánimas – Nuquí, que todos los discursos de los presidentes uno oye que le da plata y la plata se pierde. Entonces qué se necesitaba en el Chocó, un gerente”.

Sin embargo, Villa reitera que en Chocó durante mucho tiempo fue víctima de lo que se puede denominar el `cartel del embargue`:

“El señor que fue representante a la Cámara que se llama Odín Sánchez Montes de Oca, ellos son varios hermanos y hoy en día ellos tienen una hermana en el Congreso, (Astrid Sánchez Montes de Oca quien reemplazo al poco honorable senador Eduardo Merlano). El señor (Odín Sánchez Montes de Oca) tenía una firma de abogados que se llama Montes de Oca y Asociados. Entonces pusieron el gobernador del departamento que era Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Cuándo iba a salir el Chocó de eso, donde un hermano es el que tiene la firma de abogados que embarga al departamento y otro es el gobernador, y la hermana es la secretaria que maneja la salud y la cuñada es la que maneja el sector de la educación”.

Amparado en el Decreto 28 de 2008 que establece medidas preventivas y correctivas cuando hay errores graves en el uso de los recursos públicos por parte de las entidades territoriales, el Gobierno Nacional, a través del Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los Recursos Transferidos, reasumió las responsabilidades de la entidad territorial en los casos más graves: Chocó y Putumayo.

En el caso de Chocó el Gobierno Nacional administra la educación, y ello ha mostrado mejoras en los resultados: “nosotros ya tenemos cobertura universal en la educación del Chocó, tenemos al día el pago de maestros, estamos saneando el pasivo con el Fondo Prestacional del Magisterio” indica Villa.

El paso a seguir es blindar a las entidades territoriales del accionar de las bandas criminales y su ejército de abogados: a ese respecto afirma Villa:“Cuando la entidad ya acabe de estar lista, nos tocó con banca multilateral contratar abogados externos a la región que nos ayudaran a buscar en los juzgados y a sanear un pasivo que los colombianos hemos pagado 20 veces”

Y agrega que “la gente dice, no pues que lo pague la Nación, que la Nación no es una señora gorda que vive en Chapinero, la Nación somos todos los colombianos, nos están sacando de acá (bolsillo) para darle al Chocó, entonces, nos fuimos allá, allá hemos estado yendo”.

Ley 550 sirve de blindaje ante embargos de bandas

La Ley 550, más conocida como Ley de quiebras, es la única garantía y herramienta legal que tienen las entidades territoriales para que sus cuentas no sean embargadas por un Juez y por eso acogerse a ella se ha convertido en la única salida que ha permitido la viabilidad fiscal de muchos municipios y regiones en el país.

Sin embargo, es tal la presión que en algunas zonas, los alcaldes prefieren mantenerse en la Ley de quiebras que salir a exponerse a un nuevo embargo por demandas o pasivos que, como ya se afirmó, en muchos casos resultan inexistentes. Así lo dice Villa:

“Porque crean el pasivo, fabrican el pasivo y lo dejan engordar. Que es lo que me está pasando con San Andrés y Providencia, oiga esto. Entonces la gobernadora terminó el acuerdo, prepagó la deuda que le faltaba por pagar y estamos listos. Prepagó el 22 de Febrero, 22 de Marzo, 22 de Abril, ayer hizo 3 meses, y no me firmó el acta de terminación. Quiere seguir protegida por la ley 550”.

Tomado de: Primera Página

 

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