(Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe – Fundación SES) “El sector minero recibe cinco veces lo que paga”

(Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe – Fundación SES) “El sector minero recibe cinco veces lo que paga”

A pocos días del ballotage colombiano, hablamos con Enrique Daza, investigador del colectivo Justicia Tributaria. Especialista en temas fiscales, Daza enumera cuáles son los puntos más urgentes en su país para avanzar en una agenda impositiva más democrática y justa. Además, analiza el ingreso logrado por el país caribeño al foro multilateral de países desarrollados nucleados en la OCDE.

-Colombia está a punto de elegir a su próximo presidente. ¿Cuáles serán los desafíos más urgentes para la nueva administración en el capítulo de la justicia fiscal o tributaria?

-El primer desafío es controlar la enorme evasión y elusión tributaria. El segundo reto es controlar los beneficios fiscales otorgados a las grandes empresas. Por ejemplo, el sector minero goza de amplios exenciones tributarias. Por último, el tercer horizonte pasa por seguir bregando por una política fiscal pública más progresiva.

-¿Por qué mencionas cómo paradigmático las ventajas otorgadas al sector minero?

-Porque entre los años 2002 a 2010, el modelo de crecimiento se basó en lo que se denominó “Colombia país minero”. Y desde 2010 a la actualidad ese desarrollo se ha vendido como la “Locomotora minera”. En el proceso, la economía ha sufrido la enfermedad holandesa, conocida como la forma en que la especialización en una actividad productiva y la entrada masiva de dólares de inversión y ganancias a este sector, desestimulan a otros sectores, provocando su crisis productiva y deteriorando la generación de empleo.

Y, en general, la elite política colombiana considera que ese tipo de inversiones extranjeras requieren de prerrogativas fiscales. Desde Justicia Tributaria hemos participado de un documento de análisis cuyos números son concluyentes. En los últimos años, de cada peso recibido por el Estado colombiano por parte del sector minero, los distintos holdings que participan de la actividad han recibido cinco pesos vía deducciones fiscales implementadas por el gobierno. En consecuencia, los ciudadanos, y el Estado claro, termina subsidiando, vía devolución de regalías o devolución del IVA, una actividad lesiva del medio ambiente y que tiende a generar un patrón monoeconómico. En total, hemos contabilizado unos cuarenta beneficios impositivos otorgados al sector minero.

-¿Y qué lectura regional haces sobre las políticas de los gobiernos sudamericanos en el capítulo de justicia fiscal?

-En principio, considero que durante el ciclo progresista zonal los países de América Latina no aprovecharon suficientemente su posición de poder para empujar una reforma estructural impositiva y fiscal. Y, ahora, en la actual coyuntura política, con precios de los commodities a la baja, esa agenda pendiente progresiva queda mucho más lejos: primero, porque la voluntad política de los Estados es otra, y segundo porque los gobiernos pueden aducir que atraviesan un mal momento económico para impulsar esas reformas y que la urgencia pasa por atraer inversiones extranjeras vía deducciones impositivas. Esas reformas, para nosotros, deben tener un horizonte muy simple: deben pagar más impuestos los que más tienen.

-¿Cómo fue el proceso de evaluación por parte de la OCDE hacia el gobierno colombiano?

-La entrada de Colombia a la OCDE es parte de un proceso que llevó varios años. Finalmente, la atención del organismo se concentró en evaluar tres segmentos de nuestra administración: comercio internacional, el capítulo laboral, y la temática ambiental. Pero, claro, nuestro país está por debajo de los estándares que exige la OCDE en compromisos educativos, científicos y de reforma institucional. Por ejemplo, en inversión científico- tecnológica el grado de modernización alcanzado por Colombia es muy bajo.

Por ese motivo, había una percepción general de que no íbamos a ser aceptado por el comité evaluador. Evidentemente, esos estándares no requerían una exigencia tan fuerte. Eso demuestra que, en última instancia, lo que prima en la OCDE al momento de evaluar a una administración es observar sí hay voluntad política de ese gobierno por acompañar los nuevos lineamientos centrales del aperturismo económico global.

-Entonces, a partir de lo expresado, ¿Qué tipo de reformas emprendió su país para acceder a la membrecía del foro multilateral?

-El gobierno de Juan Manuel Santos impulsó una serie de leyes en varios campos de la administración. Esas normativas muchas veces no llegaron a reglamentarse, o a ser presupuestadas, pero servían para marcar una orientación general del modelo. Pero, básicamente, el organismo exige una modernización institucional que esté acorde con los tratados de libre comercio.

-¿Pretenden una modernización, léase un aligeramiento, de la estructura estatal?

-Claro. Pienso que, en definitiva, la OCDE vendría a funcionar como el complemento institucional de la arquitectura económica neoliberal.

Por ejemplo, el deseo de Santos de ingresar a la OCDE produjo un fuerte debate sobre el modelo laboral colombiano. Los técnicos del organismo insistían en criticar la informalidad del trabajo en nuestro país. Ellos usan el lema “trabajo decente” como matriz de reformas. Esa idea está muy en consonancia con los postulados del libre comercio. El aumento de juzgados laborales, el derecho a la sindicalización, fueron algunos de los puntos exigidos. Y el gobierno accedió a cumplimentar algunas de esas reformas. Pero, claro, esos pasos dados por el gobierno no han modificado la enorme precariedad laboral existente en Colombia.

-Llama la atención el celo de la OCDE por exigir más protección laboral cuando se supone que la flexibilización del trabajo está más en sintonía con la lógica del libre comercio.

-Es que a la OCDE lo que, realmente, le interesa es que no haya dumping laboral. Ellos no quieren que Colombia exporte mercancías producidas por debajo de los costos promedios del mercado global. Eso es interpretado como una competencia desleal.

-Pretenden que no sigan, por decirlo de alguna manera, el modelo chino.

-Exacto. Una mano de obra informal, dice la OCDE, puede producir mercancías más competitivas. En la agenda ambiental propugnada se reproduce una lógica de condicionamientos similar. Ellos reclaman que no lesione el patrimonio ambiental. ¿Por qué? Porque, nuevamente, buscan convencer a las economías periféricas de no ganar competitivad en base a incrementar el pasivo ambiental.

-A corto plazo, ¿Cómo quedará modificado el orden económico colombiano post ingreso a la OCDE? ¿Va a haber más libre comercio para el país?

-Pienso que los cambios van a ser mínimos. La pertenencia al organismo no es parte del despliegue propagandístico de las fuerzas políticas más liberales en el actual proceso electoral. De hecho, el gobierno ha presentado a la OCDE ante la opinión pública como un grupo de estudios favorable al intercambio de experiencias, una influencia positiva para generar buenas prácticas administrativas, como un organismo que no genera obligatoriedad en la hoja de ruta propuesta. En definitiva, el ingreso a la OCDE fue sobrevendido por el gobierno nacional. Lo considero como un paso definitivo y trascendental.

-Por lo que acabas de referir sobre el discurso de Santos, ¿Cómo preferirías definir a la OCDE?

-Lo definiría como un acuerdo político para fomentar determinadas políticas institucionales. Un acuerdo que también busca cierta modernización acorde con los presupuestos neoliberales del libre comercio. Creo, además, que la OCDE es menos importante de su propia percepción.

Tomado de: Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe – Fundación SES

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