Gasto público, barril sin fondo de gobiernos corruptos

Gasto público, barril sin fondo de gobiernos corruptos

Los gobiernos deben financiar y gastar eficientemente el presupuesto público, que es realmente dinero de los ciudadanos. Así debería ser, pero en Colombia el gasto público además de insuficiente es altamente ineficiente.

En efecto, Colombia tiene un gasto público con relación al PIB (29,4%) más parecido al de Zimbabue (28%) y Haití (25,2%), que al de Francia (57,3%), Japón (42%) o Estados Unidos (38%).

Por otra parte, el gasto público es ineficiente. En inversión es muy bajo con relación al presupuesto. Además, medido por equidad, desempeño, estabilidad, equidad y calidad institucional, entre otros, es el más inefectivo en comparación con todos los países de la OCDE y uno de los peores en América Latina[1].

Como la realidad es inocultable, el gobierno de Santos creó la Comisión del Gasto Público, que ya entregó su informe final. La comisión reconoció que el gasto es ineficiente y que “no contribuye lo suficiente a una mejor distribución del ingreso”. No obstante, el espíritu de sus recomendaciones son inconvenientes, porque reproducen las mismas recetas fracasadas.

La más polémica es la reforma pensional. La comisión estuvo altamente influenciada por el poder financiero expresado en ANIF y Asofondos, insistiendo en “marchitar” a Colpensiones, con la ambición de que -en el mediano plazo- la única forma de NO pensionarse en Colombia sea por medio de los fondos privados. Su idea es que al régimen público solo se cotice hasta un salario mínimo y de ahí en adelante al privado. También recomienda aumentar la edad de pensión y la cotización hasta 18%. A esta andanada en contra de Colpensiones se han sumado asesores económicos de los candidatos presidenciales Humberto de la Calle y Martha Lucía Ramírez, que también han llegado a proponer la eliminación de la pensión de viudez, por considerar que favorece a unos “privilegiados”.

En materia de salud, la comisión no solo esconde el fracaso de la Ley 100 de las EPS, sino que para colmo propone aumentar su capitalización con más impuestos, aportes parafiscales, regalías, Sistema General de Participaciones y aumentar los copagos y las cuotas moderadoras. Asimismo recomienda lesionar aún más la red pública, limitando su contratación.

No hay dudas de la consistencia ideológica expresada por la comisión, encabezada por Fedesarrollo. Sus recomendaciones van en la misma línea de lo que se ha hecho en las últimas tres décadas, con resultados cuestionables: más corrupción, menos competitividad, menor producción con valor agregado, más deterioro laboral y mayor desigualdad. ¿Cuáles son sus ideas brillantes? ¿Hasta cuándo se les seguirá consultando? La respuesta la tienen los votantes.

Mario Alejandro Valencia, vocero de la Red por la Justicia Tributaria, Director nacional de Cedetrabajo. Profesor CESA y U. Central. Autor libro La Industria (Aurora, 2016).

Tomado de: Dinero

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