El sector minero-energético

El sector minero-energético

Mucho más que minería

Los programas de todos los candidatos presidenciales incluyen propuestas sobre los sectores de minas e hidrocarburos.

Unos proponen mantener el actual modelo minero-petrolero; otros dicen que quieren controlar las actividades extractivas, pero no proponen modificaciones de fondo; y otro promueve reformas estructurales y transitar a un modelo de energías limpias.

Las elecciones del próximo 27 de mayo son trascendentales, porque en ellas no solo se decide sobre el tipo de política extractiva que tendremos, sino también sobre el rumbo de la economía, la participación ciudadana, el derecho al agua y al medio ambiente sano, la seguridad alimentaria, la autonomía territorial y la descentralización administrativa.

Vargas: coscorrón a la participación ciudadana

German Vargas afirma que Colombia es un país con “importantes recursos minero-energéticos” y que “su desarrollo es imprescindible para garantizar nuestra seguridad energética, la inversión social, la competitividad del sector productivo y la calidad de vida de los ciudadanos”.

Este enunciado no está muy lejos de las políticas de seguridad inversionista de Uribe o de la locomotora minera de Santos, cuyos resultados en términos de crecimiento, equidad y bienestar social están todavía por verse o, mejor, ya no se vieron.

Además de proponer la continuidad del modelo extractivo, para garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas, Vargas ha reiterado la necesidad de “poner fin a los abusos”, de la consulta popular y limitar la consulta previa, que, según él, se ha convertido en un “mecanismo extorsivo” para hacerle exigencias a los inversionistas y contratistas de obras.

Igualmente, ha hecho énfasis sobre la necesidad de combatir la minería ilegal para acabar con los recursos que financian a las organizaciones criminales y extremar contra ellas el uso de la fuerza represiva del Estado, pero no se observan propuestas novedosas que vayan más allá de las acciones de los anteriores gobiernos y su ejecución implica una buena dosis de autoritarismo.

La reforma propuesta por Vargas implicaría limitar los derechos a la participación ciudadana y de las comunidades étnicas.

Duque: en pro de los intereses empresariales

La propuesta de Iván Duque ha cambiado con el tiempo para parecer “sensible” a las grandes preocupaciones de la sociedad.

En una intervención en Bucaramanga el año pasado, Duque afirmó que los líderes populistas de izquierda querían hacer del debate minero una discusión sobre “lucha de clases” y que sus propuestas satanizaban importantes empresas y acabarían ahuyentando la inversión. Defiende el sector como generador de desarrollo, de recursos para la inversión social y la equidad. Plantea su debate sobre sesgos ideológicos que generan miedo y desconfianza.

Pero cabe preguntarse: ¿somos un país más equitativo desde que empezó la bonanza de precios del petróleo y el carbón en la década pasada? Las cifras oficiales no lo muestran.

Duque acuñó entonces una frase para apoyar el modelo vigente: “aprovechemos la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo”. Pero el candidato no profundiza en la solución a la disyuntiva extractivista: entidades territoriales con competencia para definir el uso del suelo versus la propiedad estatal de los recursos del subsuelo.

Propone trabajar por la autosuficiencia y su meta es elevar las reservas de crudo a 2.000 millones de barriles, sin especificar la tecnología para su extracción. Sin embargo, cuando ocurrió el rebrote de crudo del pozo Lizama 158, cerca de Barrancabermeja y en vista de la ola de rechazo a la explotación petrolera, Duque se apresuró a remodelar su discurso ambiental y señaló que el fracking debía ponerse en marcha, siempre y cuando se utilizaran las mejores técnicas para evitar la contaminación de aguas superficiales y la destrucción de los acuíferos.

Las similitudes entre las agendas de las multinacionales en Colombia y las propuestas de Duque y Vargas se dejan ver claramente en la dimensión tributaria. Ninguno habla de revisar los beneficios tributarios a sectores que claramente no deberían tenerlos, pero sí proponen revisar los tiempos que se toma la DIAN para la devolución de impuestos e IVA a las empresas del sector. “Eso está asfixiando a las empresas”, dice Duque.

Ambos quieren cautivar electores con discursos ambiguos sobre la defensa del medio ambiente, la formalización de los pequeños y medianos mineros, cero uno de mercurio y la lucha contra la minería ilegal. Pero sus propuestas concretas pro gran minería son antidemocráticas, implican restricciones a los derechos fundamentales y colectivos, y lamentablemente ya cuentan con simpatizantes de sus propuestas entre algunos magistrados de la nueva Corte Constitucional.

Fajardo: minería condicionada por el medio ambiente

Fajardo recoge un clamor nacional de rechazo al sector minero. Anuncia que los proyectos extractivos se subordinarán a los factores ambientales, lo cual sería un logro muy importante, pero sin salirse del actual modelo extractivista. Su intención no sería reformar el modelo, sino reorientarlo para reducir la depredación y la conflictividad ambiental y social.

Sus propuestas se concentran en la necesidad de oír la voz de las regiones para romper con el centralismo, la protección del medio ambiente y la sostenibilidad fiscal del país. También busca reconocer las características de los territorios y evitar el proceso desbordado de titulación minera que nace del gobierno central.

Fajardo resalta la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación entre el gobierno central y las entidades territoriales para explotar los recursos naturales no renovables y defiende las consultas popular y previa como obligatorias para la democracia y necesarias para atender las inquietudes de las comunidades. Dice que no deben ser vistas como un obstáculo al desarrollo, pero previene sobre la necesidad de corregir algunos vicios y consolidar la jurisprudencia sobre ellas.

Fajardo ha endurecido su posición en contra del fracking, mucho más a raíz de los sucesos en el pozo Lizama 158 e insiste en la necesidad de ir modificando la matriz energética con avances graduales en la generación de energías limpias.

Sin embargo, sus propuestas sobre éxito de las empresas y acuerdos de cooperación público-privados podrían limitar seriamente su autonomía y su capacidad de gestión a la hora de desprenderse de los intereses de empresas privadas.

De La Calle: derechos fundamentales y regulación ambiental

El candidato del Partido Liberal señala en su programa político que la minería no puede seguir siendo la única apuesta económica del país, pero agrega que tampoco podemos “negarnos a contar con proyectos minero-energéticos que garanticen inversión y dinamicen la economía” y que “debemos ser más cuidadosos para no otorgar títulos o licencias a proyectos que atenten contra el agua, el bienestar social o los ecosistemas de los territorios”.

La aplicación del principio de precaución es un elemento clave de su propuesta para obligar a suspender proyectos depredadores del medio ambiente. Infortunadamente, desde su inclusión en la Ley 99 de 1993, este principio parece uno más del ornamento ambiental. De La Calle avanza frente a los otros candidatos cuando propone prohibir la minería metálica, que poca retribución le deja a la nación y promete continuar con la erradicación de la minería en páramos.

Su propuesta contiene elementos más específicos en cuanto a preservar los derechos de acceso al agua y a la seguridad alimentaria, la gestión de riesgo, mayores controles para la expedición de títulos mineros y revisión de proyectos de hidroenergía, en el entendido de que la minería no es la única apuesta de la economía colombiana. De La Calle expresa en su programa una visión completa de los problemas del sector y algunas de sus propuestas son consecuentes con la tarea de introducir cambios importantes, pero el problema es que sus propuestas no conducen a una revisión profunda del modelo que él mismo cuestiona.

Como exconstituyente, De La Calle conoce la importancia de los mecanismos de participación en una democracia, de manera que en su programa garantiza que mantendrán su vigencia.

Petro: el tránsito a un modelo de energías limpias

El candidato por el movimiento Colombia Humana construyó su propuesta minero-petrolera desde dos perspectivas:

  • Una evaluación del sector que demuestra la inconveniencia del modelo para los intereses del país, y
  • Las presiones globales que exigen sustituir los combustibles fósiles por energía limpias para garantizar la supervivencia de la humanidad en el mediano plazo.

A la luz de lo anterior, Gustavo Petro propone poner fin al modelo extractivista para adoptar a otro basado en energías limpias, al tiempo que la industria y la agricultura sustituyen a la minería como motor del desarrollo económico.

La propuesta pretende responder a algunas de las mayores preocupaciones globales:

  • Transitar del petróleo y el carbón a las energías solar y eólica, entre otras;
  • Dar prioridad a la riqueza natural y a la biodiversidad sobre los intereses de las grandes multinacionales;
  • Mantener la explotación de crudo convencional en la medida que avanza la transición a energía limpias, prohibir el fracking y no se renovarán los contratos a la gran minería;
  • Eliminar los beneficios tributarios y la corrupción que durante décadas ha devorado la renta minera y,
  • Respetar las decisiones derivadas de las consultas populares y los acuerdos municipales.

La propuesta de Petro significa una ruptura frontal con los planteamientos de Vargas y Duque y un avance importante frente a las tesis de Fajardo y De La Calle.

Pese a la simpatía demostrada por su programa en varias regiones del país, Petro chocará con un establecimiento capturado por intereses particulares que buscaran evitar a toda costa que sus ganancias se queden enterradas en los yacimientos mineros y petroleros.

El candidato tiene a su favor el auge de iniciativas globales que muestran que la transición es posible, con la creación de ciudades autónomas, con paneles sobre los techos de las viviendas y parques eólicos para generar y suministrar energía a los vehículos eléctricos y el alumbrado público.

Tiene también a su favor que los candidatos que rechazan esta opción y arguyen que el país no podría vivir sin la renta de las mineras y petroleras, utilizan cifras extraídas de los amañados análisis de los gremios minero y petrolero, para impresionar a la audiencia.

Las últimas cifras agregadas de la DIAN -para el 2015- muestran que las personas jurídicas aportaron 21 billones de pesos por concepto de impuesto de renta, de los cuales la industria petrolera aportó el 5,37 por ciento y la minera el 1,7. Eliminar los beneficios tributarios de este sector, 15 billones de pesos en 2015, y utilizar esos recursos para financiar la transición energética es posible, según Petro.

Tomado de: Razón Pública

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