martes, febrero 20, 2018

Colombia 2017/2018: Balance y perspectivas

Por: Libardo Sarmiento Anzola

La mentalidad conservadora que caracteriza a la sociedad colombiana contrasta y antagoniza frente a una realidad dinámica, compleja, cambiante y caótica. Contrario a toda sana lógica, de acuerdo con la 41 Encuesta Anual Global realizada por Gallup International, Colombia clasificó como el segundo país más feliz del mundo en 2017, después de Islas Fiji (país insular de Oceanía). “A pesar de tanta mierda, siempre hay razones para ser feliz”, se lee en un grafiti. ¿Está de acuerdo? Veamos.

Población, bienestar y convivencia

A pesar de los traumas generados por la pobreza y la violencia crónica en el país, la gente no se amilana y tampoco para de reproducirse a un ritmo endiablado: en el año 1905 los habitantes del país sumaban 4,3 millones, saldo que quedó después de la Guerra Civil de los Mil Días (1899-1902), donde murieron 180.000 combatientes, dejando, además, un país devastado económicamente. La violencia bipartidista de las décadas de 1940 a 1960 ocasionó 300.000 asesinatos y el desplazamiento forzoso de dos millones de campesinos (la población total del país era de 11 millones). En 2018, la población alcanza 49,9 millones de personas, después de medio siglo de conflicto armado que produjo 8,5 millones de víctimas,  entre asesinatos, despojos y destierros. En el umbral del siglo XX, apenas ocho de cada cien personas podía vivir en condiciones dignas y la tasa de homicidios era de 12,3 por cada cien mil habitantes. En 1957 la tasa de homicidios llegaba a 55 y el índice de pobreza tan sólo había bajado a 86%. Ahora, en 2018, la pobreza por ingresos es de 28,7% y la tasa de homicidios proyectada es de 25 (Gráfico 1).

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Fuente: elaboración del autor con base en DANE, Medicina Legal y Policía Nacional

A lo largo del último siglo, el país fue capaz de crear una vulnerable e inestable clase media. No obstante, de cada 100 pesos que generan los trabajadores cada año, los ricos, el 10% de la población, se apropian del 46%; la clase media, 40% de los hogares, participan en el 39% del ponqué distributivo; y a los últimos, los pobres y estratos socio-económicos bajos, esto es, el 50%, les queda el 15% del ingreso.

Con la industrialización, la expansión de la educación y el arraigo de la vida urbana, vectores culturales que toman fuerza y sentido de los años 1970 para acá, la pobreza por ingresos  tocó piso en 2014 y el valor del índice fue de 28,5%. De 2015 a 2017 la economía entró en recesión, disminuyeron los ingresos fiscales, el empleo se precarizó y las familias se empobrecieron, el índice de pobreza aumentó a 29,1%. La burocracia y la clase política contribuyeron con el recular de los índices de pobreza. La última reforma tributaria que comenzó a regir en 2017 fue abiertamente regresiva y afectó negativamente a los hogares de los trabajadores: por existir, el Estado le arrebata a cada trabajador 19% del ingreso, bien sea por comer (la mayoría de los alimentos tiene un IVA de 19%) o por menesteres más humildes y privados (el papel higiénico, y en general todos los implementos de aseo también tienen IVA de 19%). La reforma empobreció las familias, bajó el consumo por la reducción de la canasta familiar y la economía aceleró su caída. La economía que registró un crecimiento anual de 6,6% en 2011 se redujo a 1,6% en 2017; en 2018, gracias al “milagro” de los precios altos del petróleo se espera un crecimiento del PIB del 2%.

No obstante los acuerdos para poner fin al conflicto armado entre el Gobierno y las FARC-EP, el homicidio baja muy lentamente en el país: en el 2017 fueron 11.781 casos, frente a 12.389 en 2016. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes mantuvo su curso descendente: desde el pico o cima de 79 que registró la violencia en 1991 y su caída a 23,9 en 2017, síntoma de una sociedad que apenas empieza a otear el sendero a la civilización. Como es de esperar, las grandes ciudades aportan la mayoría de los asesinatos, pero también la mayoría de ellas mantienen la tendencia a la baja, con excepción de Medellín y Cartagena que tuvieron en 2017 un incremento de 1,29 y 0,02 de muertes violentas por cada cien mil habitantes. Si bien hubo 323 municipios que no tuvieron ni un asesinato durante el año pasado, de hecho hay 30 municipios que tienen una tasa superior a 100, un indicador que se ve en países en guerra o donde las instituciones han colapsado o están a punto de hacerlo. También las muertes son más selectivas y focalizadas: entre 2016-2017 fueron asesinados 205 personas, entre líderes populares, defensores de derechos humanos, promotores de paz y excombatientes de la insurgencia. En los años de elecciones para congreso y presidencia, la tradición en Colombia es eliminar físicamente a los opositores; en el afán de “hacer trizas” los acuerdos de paz y continuar con su estrategia de “combinar todas las formas de lucha”, la extrema derecha le torcerá el cuello de nuevo a la tasa de asesinatos, su involución se hará visible en 2018 escalando a 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Economía y trabajo digno

La economía sostenible y el empleo digno son la base material del bienestar. La matriz productiva de Colombia depende principalmente de las actividades primarias, sin asomo de ciencia, tecnología e innovación. Vivimos de lo que produce la tierrita.  Desde hace medio siglo, los sectores reales de la economía (agro e industria) crecen a un ritmo inferior al resto de la economía. En particular, la industria colombiana atraviesa por una preocupante crisis a partir de la década de 1980, correlacionada con el auge del sector minero-energético, la financiarización de la economía y el abundante ingreso de divisas proveniente de actividades legales e ilegales, las que provocaron la “enfermedad holandesa” que aqueja a la producción material. En 2017, de los USD$36.000 millones exportados por Colombia, el petróleo aporta el 34%; al agregar el café y los productos de la minería, su participación representa dos terceras partes de la canasta exportadora.

La dependencia de una economía extractiva y del precio internacional de las materias primas genera una economía inestable, vulnerable y sin autonomía ni control. Al “boom” del precio de los bienes primarios de principios de siglo XXI hasta 2013,  le siguió la contracción económica que empezó en 2011 y aún mantiene su ritmo descendente (Gráfico 2).

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Fuente: elaboración del autor con base en DANE

Estas economías rentistas y extractivas generan poco empleo decente y estable. En 1960 la tasa de desempleo en el país era de 4,9%; en 2000 tocó el techo de 19,7% y empezó a bajar hasta un 8,9% de desempleo en 2015. En 2017, el promedio anual de la tasa de desempleo fue de 9,5%; en 2018, consecuencia de una frágil recuperación provocada por el alza del precio del petróleo y una mayor actividad productiva en el campo, la tasa de desempleo se estabilizará en 9%. El problema de fondo es la precariedad del mercado laboral: dos terceras partes es empleo informal, el 80% de los trabajadores devenga menos de dos salarios mínimos legales, la productividad del trabajo viene de capa caída desde hace cinco años y el desencuentro entre el sistema educativo y el aparato económico es estructural (afectando no sólo a los que carecen de educación, también a una amplia franja de profesionales: el desempleo ilustrado): de una parte una educación de baja calidad, inequitativa y sin pertinencia frente a las necesidades del mundo real, de otra, una economía extractiva, agotada por el rentismo del capital financiero y carcomida por la corrupción y el clientelismo.

Adicional al “conejo” que le ha hecho el establecimiento y la clase política a los acuerdos de paz, se une el futuro incierto de los jóvenes excombatientes, cerca de 12.000. El desempleo golpea directamente a los jóvenes, en 2017, según la Organización Internacional del Trabajo -OIT, uno de cada cinco jóvenes estaba desempleado. En 2017, 28,3% –según Cepal- de los 8,6 millones de jóvenes en edades entre 15 y 24 años hacen parte de los “ninis”: no estudian ni trabajan (2,4 millones). Los jóvenes que salen de las Farc deberán enfrentar un mercado laboral adverso y falta de recursos y tierra para emprender proyectos productivos. La historia del postconflicto en Centro América muestra como el abandono a que fueron sometidos estos jóvenes dio inicio a las pandillas delictivas. La explosión de este conflicto social, en Colombia, comenzará a vislumbrarse en 2018.

Otro de los “sueños” de la administración Santos (2010-2018) es la adhesión de Colombia al club de países ricos del mundo: la Ocde –Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (creado en 1961), del cual hacen parte 35 países que controlan el 80% del comercio mundial (de América Latina solo hacen parte México y Chile). El proceso de evaluación para el ingreso comenzó en 2013 y debería culminar en 2018. Para poder ingresar a este “club de los ricos” se requiere un análisis riguroso de la legislación, las políticas y las prácticas del país respectivo en una gama muy amplia de temas: crecimiento económico y productividad, laborales, de ciencia, tecnología e innovación, inversión extranjera, apertura económica, gobernanza pública, agricultura, impuestos, pensiones, pago de deuda externa, sistemas de educación y seguridad social. El equipo evaluador está compuesto por 23 comités técnicos.  A Colombia le falta la aprobación de tres comités para ser aceptada, entre ellos el comité de empleo, trabajo y asuntos sociales y el comité de comercio. Tarea nada fácil, teniendo en cuenta el áspero mercado laboral y la violación de la legislación laboral y de los derechos de los trabajadores, tan frecuente en el país; el atraso en la infraestructura que encarece el comercio (la caída del puente de Chirajara, en enero de 2018) puso en evidencia los graves problemas que afronta la vía que une a la capital con los Llanos Orientales, proyecto que comenzó en 1974 después de la tragedia de Quebrada Blanca); y la falta de una visión de largo plazo sobre ciencia, tecnología e innovación (la crisis reciente de Colciencias, con ocho directores durante la administración Santos produce pena ajena a todos los connacionales).  En la agenda de ingreso a la OCDE, 2018 es la fecha decisiva.

Adicción a los hidrocarburos

Colombia se volvió tornó adicta a las actividades minero energéticas. El fisco depende de las rentas que producen estas. Durante el último siglo las finanzas públicas, la tasa de cambio y el dinamismo de la economía están correlacionados con el precio del barril de petróleo y el volumen de producción del “oro negro” (Grafico 3). En medio de esa relación de sumisión y ausencia de proyecto nacional soberano, insertado en la geopolítica global centro-periferia, a lo largo de varias décadas el país se caracterizó como exportador de petróleo, condición perdida en los años 1970, para volver a ser exportador a inicios de los años 1980. En 1983, en Arauca se produjo el descubrimiento ―regulado por el contrato de asociación entre Ecopetrol y Occidental de Colombia Inc.― del Campo Caño Limón, un yacimiento con reservas de 1.500 millones de barriles de petróleo. En 1986 Colombia volvió a ser en un país exportador de petróleo y logró elevar la producción hasta alcanzar una extracción máxima superior al millón de barriles diarios en los años 2013 y 2015. A partir de 2016, empiezan a declinar en el país las reservas de hidrocarburos y el volumen de producción: durante 2017 fue de 856.000 barriles de petróleo diarios. En 2018, debido a la recuperación del precio del petróleo y la reactivación de las actividades de exploración y explotación, se espera una producción promedio nacional de 870.000 barriles diarios.

De acuerdo con lo afirmado por el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, cada dólar de incremento en el precio del petróleo representa, un año después, ingresos fiscales para Colombia por 350.000 millones de pesos. Las reservas de hidrocarburos alcanzan máximo para cubrir el consumo interno por seis años más, de una descubrirse nuevos yacimientos o mejorar el recobro de los pozos antiguos, el fantasma de las importaciones atormentará al país. El debate alrededor de una política nacional de hidrocarburos, nacionalista, soberano y de largo aliento, es un asunto candente en medio de la agenda electoral de 2018.

Desactivado el conflicto armado, queda al desnudo el núcleo del crónico conflicto colombiano, del que hacen parte las comunidades regionales, el territorio y el modelo de desarrollo. En respuesta a esta situación, las autoridades y los pobladores locales están realizando consultas populares y democráticas para votar “si están o no de acuerdo con la exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en el territorio”.  En las nueve consultas realizadas a partir de 2013 hasta octubre de 2017, el rechazo a las actividades de explotación petrolera es contundente y absoluta. La décima que debería realizarse en Granada, Meta, el 22 de octubre de 2017, fue obstaculizada por el gobierno nacional y la Registraduría.  Para 2018, hay en espera y están bloqueadas otras 59 consultas. La posibilidad de que el país vuelva a ser importador de petróleo, de acuerdo a lo proyectado por el Gobierno y las empresas petroleras, abre las puertas para iniciar la explotación de hidrocarburos no convencionales, a pesar de los graves daños ambientales y desplazamientos de población que implica. Las consultas populares realizadas muestran que las comunidades rechazan las actividades minero-energéticas en la forma que se han desarrollado en el país o las nuevas técnicas de fracking.

Estado manirroto, inflación y deuda pública

La inestabilidad y la fragilidad de la sociedad, sus instituciones y la base económica se refleja en las finanzas públicas. El desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado equivale a 3,7% del PIB en promedio durante las dos últimas décadas (Gráfico 4). Las trece reformas tributarias hechas en estas dos décadas tampoco resolvieron el crónico déficit fiscal. Los carteles de la política no ceden ante la apropiación corrupta de los recursos públicos; los ricos tampoco están acostumbrados a pagar impuestos; la burocracia, las fuerzas armadas y la policia tampoco permiten afectar su estatus quo, las masas populares   dependientes del asistencialismo y los subsidios son renuentes a cualquier recorte al sistema clientelista electoral y son una amenaza a la frágil estabilidad social.

El desbordado gasto público se traduce en aumentos de impuestos que debe pagar la clase trabajadora, en mayor inflación que es otra manera de hacerle pagar impuestos a los sectores populares y en crecimiento de la deuda pública. De una parte, la pérdida de poder adquisitivo por culpa de la inflación es de 5,2% anual promedio en los últimos 20 años; por la recesión económica bajó a 4,1% en 2017. De otra parte, la deuda (interna y externa) del sector público no financiero –SPNF- representa en promedio 46,6% del PIB de 1999 a 2018, no obstante, del año 2008 viene aumentando de manera desenfrenada; en 2017 alcanzó 55,0% del PIB y en 2018 se estima que aumente a 55,8% debido al desbalance en las finanzas públicas (razón por la cual las calificadoras de riesgo recientemente le bajaron la nota a la deuda colombiana);  deuda que siguiendo el adagio popular: “no hay deuda que no se venza y plazo que no se cumpla”, deberá pagar el pueblo colombiano y las generaciones venideras a través del incremento en los impuestos.

Ambiente y sostenibilidad

La naturaleza pasa factura de cobro al modelo de desarrollo insostenible y basado en actividades extractivas. De acuerdo  con el mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia, publicado el Ideam), en menos de dos años se han transformado 1’500.000 hectáreas de ecosistemas naturales, siendo los bosques húmedos, las sabanas estacionales e inundables y las zonas pantanosas los más impactados. Adicional, el Instituto Humboldt publicó la Lista Roja de Ecosistemas de Colombia, un análisis que permite identificar las partes del país que están en riesgo por la transformación humana y que deben entrar en un listado “de alerta”: de los 81 ecosistemas que tiene Colombia, en 2018 el 46 % se encuentra categorizado como en peligro crítico o en peligro, las dos clasificaciones más altas de amenaza antes de que se declaren en colapso.

Colombia, la más feliz

En 2018 muchos asuntos importantes están en juego en el país. Las coaliciones electorales de extrema derecha, centro e izquierda apuntan, desde sus diferentes y antagónicas cosmovisiones, en sus agendas políticas a los temas cruciales: acuerdos de paz, violación de derechos humanos, retorno del conflicto armado, corrupción, matriz energética, institucionalidad y democracia, desempleo y pobreza. ¿Cuál modelo de desarrollo y de ciudadanía, qué Estado, cómo y con quién gestionar el cambio estructural que la sociedad demanda? De la respuesta a estos interrogantes depende que los colombianos y las colombianas continúen siendo el segundo país más feliz del universo, y de pronto, por qué no, el primero.

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