Viernes, diciembre 15, 2017

(Noticias) Empresarios proponen impuestos a salarios superiores a $ 1,8 millones

(Noticias) Empresarios proponen impuestos a salarios superiores a $ 1,8 millones

El Consejo Gremial Nacional presentó recomendaciones en materia de tributación.

El presidente del Consejo Gremial Nacional, Santiago Castro, presentó la Agenda Empresarial 2018 – 2022, documento que contiene 94 propuestas planteadas por los diferentes gremios para que con su aplicación se puedan lograr avances notables en competitividad y productividad.

En el documento se hacen sugerencias de política pública al Gobierno en cinco capítulos divididos en tributación; mercado laboral y pensiones; provisión de bienes públicos; propiedad, uso y ordenamiento de la tierra; y facilitación del comercio mediante racionalización de trámites.

En cuanto a los impuestos directos, el Consejo Gremial Nacional sugiere:

– Reducir la tarifa de la renta corporativa de tal manera que la tarifa unificada baje de 33 % (40 % incluida la sobretasa) hasta un nivel de 28 %. Dicha reducción se compensaría con mayor recaudo en el segmento de personas naturales.

– Aumentar el universo de personas naturales obligadas a tributar. En ese sentido la propuesta es gravar progresivamente a quienes reciban más de 2,5 salarios mensuales legales vigentes (smlv), es decir más de 1’844.292 pesos. Hoy, se grava a quienes ganan más de 4,1 salarios (desde 3’024639 pesos).

– También se propone gravar las pensiones superiores a los 6 smlv, es decir, aquellas que superen los 4’426.302 pesos de mesada.

– Eliminar las exenciones y otros tratamientos preferenciales al impuesto a la renta. Sólo se mantendrían las preferencias tributarias para proyectos con méritos sociales y ambientales, o con cualidades redistributivas. Por ejemplo, las Zomac y el mecanismo de obras por Impuestos.

– Hacer posible que el IVA en bienes de capital sea deducible en su totalidad del impuesto a las ventas y no del impuesto a la renta.

– Reglamentar la retención sobre las utilidades, que ya fue introducida en la reforma tributaria de 2016.

– Definir claramente los beneficios que tienen las empresas que firman contratos de estabilidad jurídica, evitando al máximo las modificaciones que generan incertidumbre en los inversionistas.

– Eliminar el 4 x 1.000, también conocido como Gravamen a los Movimientos Financieros, y mientras se hace el desmonte, hacerlo plenamente deducible.

En cuanto a los impuestos territoriales, las propuestas son:

– Eliminar las estampillas y prohibir la creación de nuevas, pues podrían sustituirse con un aumento en el impuesto de registro según las necesidades de cada ente territorial.

– Fortalecer y simplificar el impuesto predial, a través de la creación de un catastro multipropósito, con el que los propietarios puedan hacer sus reclamaciones de manera más rápida, y que permita a los municipios liquidar el impuesto en lugar de esperar una declaración individual.

– Implementar un formulario único de pago del ICA, así se haría un solo pago que después se dispersaría entre los municipios correspondientes.

– Definir el marco para la aplicación de instrumentos como la participación de plusvalía, el impuesto de delineación urbana, el reparto equitativo de cargas y beneficios, entre otros.

– Definir de manera nacional los lineamientos que los municipios y distritos deben tener en cuenta para implementar mecanismos de financiación del desarrollo urbano, como la valorización.

Para la administración tributaria, las peticiones presentadas por Santiago Castro como presidente del Consejo Gremial Nacional, son:

– Agilizar la restructuración de la Dian.

– Implementar un sistema informático en la Dian y en coordinación con otras entidades.

– Acelerar el proceso de implementación de la factura electrónica.

– Fortalecer el rol del Defensor del Contribuyente y darle más autonomía.

– Establecer la declaración y pago centralizado de los impuestos territoriales.

– Implementar mecanismos de denuncia instantánea de la evasión tributaria. También hacer público un listado de personas y entidades a quienes se les haya comprobado su condición de evasores.

Tomado de: El Tiempo

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