Domingo, diciembre 17, 2017

Colombia, Sociedad Anónima

Colombia, Sociedad Anónima

Es necesario evaluar la política de ‘Confianza Inversionista’, que convirtió al Estado en una sociedad anónima al servicio de negociantes.

Empresas como Unión Fenosa (Electricaribe), Glencore, Eco Oro, Tobie Mining y Claro (Carlos Slim), han demandado al Estado por unos USD 140 000 millones porque no se han cumplido sus “expectativas de ganancias”

Para la mayoría de la población colombiana sus condiciones de vida podrían ser mejores en términos educación, salud, calidad de empleo y alimentación, entre otras. Satisfacer estas aspiraciones implica mejores ingresos para la población y para el Estado en términos tributarios.

Pero en las últimas décadas un conjunto de medidas se han aplicado con el objetivo de que las grandes corporaciones privadas y los más ricos de la sociedad paguen menos impuestos. Sin suficientes recursos el Estado es incapaz de estimular la producción, mejorar la competitividad y por ende solo se crean empresas y trabajos en actividades de poca ganancia, como en el comercio de revendedores y en el rebusque. No en vano el Éxito desplazó a Ecopetrol como la empresa más grande de Colombia.

La Comisión Económica para América Latina, Cepal, estima que la evasión en América Latina suma USD 340 000 millones, correspondiente al 95 % del gasto total en educación en la región. Asimismo, la tasa media efectiva de impuesto a la renta que paga el decil más rico de la población es de 5 %, mientras en Europa es igual a 21,3 %.

Los mecanismos que ha usado el capital transnacional para no pagar impuestos se han venido convirtiendo en normas legales en los países, por medio de acuerdos internacionales y con la complicidad de gobiernos como el colombiano que se niegan a perseguir a los capitales que se fugan hacia paraísos fiscales como Panamá.

La subfacturación de las exportaciones colombianas, es decir, facturar por menos de lo que valen los productos en el mercado externo para no pagar impuestos, según Cepal cuesta USD 3259 millones anuales. Datos de la OCDE también indican que por cada dólar que reciben los países en desarrollo en ayudas, se pierden USD 3 millones en flujos financieros ilícitos, especialmente los que se adelantan por medio del comercio, respaldados en los leoninos TLC. Lograr el desarrollo con menos dos dólares es prácticamente imposible, como afirma Dereje Alemayehu, de Tax Justice Network.

La obsesión de los gobiernos por atraer inversión extranjera a cualquier costo está arruinando a los países con más déficit en cuenta corriente y endeudamiento externo, para cumplir a los inversionistas con los requisitos impuestos a las naciones. En Egipto una empresa francesa de servicios domiciliarios, Veolia, demandó al gobierno por subir el salario mínimo, después de 27 años de estar congelado. Philp Morris demandó al estado uruguayo por haber emprendido campañas de salud pública para disminuir el consumo de tabaco. En Colombia, según la Agencia de Defensa del Estado, las demandas en contra del Estado suman aproximadamente USD 140 000 millones, muchas de las cuales han sido interpuestas por grandes empresas como Unión Fenosa (Electricaribe), Glencore, Eco Oro, Tobie Mining y Claro (Carlos Slim), con el argumento de que no se han cumplido sus “expectativas de ganancias”.

La promesa de que más beneficios al capital atraerían inversión para generar empleo, no se cumplió. Un estudio de Latindadd muestra que entre 2002 y 2006 los países en desarrollo recibieron USD 857 000 millones en inversión y ayudas, pero asimismo salieron USD 1,2 billones en flujos financieros ilícitos y servicios de la deuda, lo que comprueba un balance neto negativo y convierte a estos países en exportadores netos de capitales.

Bienvenida la inversión extranjera que genera actividades productivas, realiza transferencia tecnológica, genera empleos de calidad y paga los impuestos. Pero ese no es el caso de la inversión que está llegando al país y por eso es necesario evaluar la política de ‘Confianza Inversionista’, que convirtió al Estado en una sociedad anónima al servicio de negociantes y no como un defensor de los derechos humanos. Un gobierno que le sirve al país debe ser el que endurezca los mecanismos de control al capital, exija compensaciones, realice una auditoría a la deuda y renegocie los tratados de protección de inversiones y los de libre comercio.

* Mario Alejandro Valencia, vocero de la Red por la Justicia Tributaria, Director nacional de Cedetrabajo. Profesor CESA y U. Central. Autor libro La Industria (Aurora, 2016).

About The Author

Related posts

Leave a Reply