Sábado, noviembre 18, 2017

El costo de los tratados de inversión para Colombia

El costo de los tratados de inversión para Colombia

Un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá falló a favor del Estado colombiano, obligando a los monopolios de Claro y Movistar a pagar $ 4,7 billones, por su negativa a revertir los activos radioeléctricos a la Nación. De inmediato las empresas anunciaron retaliaciones frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial, amparadas en los acuerdos económicos internacionales suscritos por Colombia como los TLC.

Mientras Colombia ganó un fallo por menos de USD 2 000 millones, según la Agencia para la Defensa del Estado, el país está demandado por cerca de USD 140 000 millones. Este es el resultado que ha provocado la ´Confianza Inversionista’ promovida por igual por los gobiernos de Uribe y Santos, para “mantener felices” a las transnacionales, como prometió el ministro Mauricio Cárdenas en Canadá en abril de 2012. También el presidente Santos durante una gira a Japón en septiembre de 2011 anunció que su objetivo era que la inversión extranjera “se sienta como en su casa”, aunque esto signifique semejante detrimento patrimonial y pasar por encima de los derechos ciudadanos.

Las consultas ciudadanas para frenar a las transnacionales minero-energéticas están justificadas por los impactos sociales, laborales, ambientales y económicos negativos que han causado a los territorios. Bienvenida la inversión extranjera que sirva al desarrollo productivo, transfiera tecnología, aporte a la tributación y genere empleos de calidad, pero el mismo Estado colombiano ha propiciado una actuación irresponsable de empresas foráneas que están protegidas por los malos negocios suscritos por los gobiernos colombianos.

Según el último reporte de la UNCTAD, Colombia es junto con India y España uno de los países en el mundo con mayores demandas por protección a la inversión en 2016, gracias a los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, APPRI y a los Tratados de Libre Comercio, TLC, que amparan las actuaciones de las corporaciones de 18 potencias económicas.

A los anuncios de Claro y Movistar se suman las demandas en contra del Estado colombiano por parte de Glencore (Prodeco), Gas Natural (Electricaribe), Eco Oro (Santurbán), Claro, Tobie Mining y South 32 (Cerro Matoso).

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), ha mostrado su preocupación por los tratados de inversión, entre los cuales destaca que, “las empresas, y especialmente las filiales de sociedades multinacionales, son a menudo controladas a través de redes jerárquicas de propiedad que comprenden una multitud de entidades. Más del 40% de las filiales extranjeras forman parte de complejas cadenas de propiedad con eslabones transfronterizos en tres jurisdicciones, en promedio. Esto significa que la nacionalidad de los inversores en las filiales extranjeras y de los propietarios de estas está cada vez menos clara”. Así mismo, “cuanto mayor es la multinacional, mayor es la complejidad de su estructura de propiedad interna. Las 100 primeras empresas multinacionales del Índice de Transnacionalización de la UNCTAD tienen, en promedio, más de 500 filiales en más de 50 países. Su estructura de propiedad tiene 7 niveles jerárquicos (es decir, las filiales pueden tener hasta 7 “pasaportes”), unas 20 sociedades de cartera que poseen filiales en múltiples jurisdicciones y casi 70 entidades en centros de inversión extraterritoriales”. Esto permite que las inversiones se camuflen para no pagar impuestos, lo cual constituye, junto con las demandas a los Estados, otra forma de afectar las finanzas de los Estados.

Finalmente, con los países que se tienen este tipo de acuerdos, también se ha visto cómo en muchas ocasiones son los implicados en escándalos de corrupción de gran calado y que son bien conocidos por la ciudadanía como: desvíos de dinero de empresas de servicios públicos para sobornos políticos. Caso Triple A – Canal Isabel II – INASSA (España); desfalco en Juegos Nacional de Ibagué – Typsa (España); retrasos y sobrecostos en construcción de Bioenergy – Isolux Corsán (España); incumplimiento de contrato vía 4G – Constructora Sacyr (España); y la pésima prestación del servicio de energía en la Costa Caribe – Electricaribe (España), por nombrar algunos casos representativos.

Esto demuestra que protección de las inversiones extranjeras está perjudicando de forma seria las finanzas del Estado en caso de no garantizar las condiciones en las cuales han llegado los recursos de esas empresas. Por eso, el país debe promover la renegociación o denuncia de estos acuerdos lesivos para los intereses nacionales.

 

 

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