Lunes, noviembre 20, 2017

¿Ecopetrol para cuántos?

¿Ecopetrol para cuántos?

Parte de los sobrecostos de Reficar vienen de una adición por USD 300 millones para aumentar la capacidad de Propilco, financiada por los colombianos, pero que beneficiaría al próximo dueño privado.

Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia y pertenece a los ciudadanos del país. Sin embargo, la fuente de la riqueza sobre la cual opera, el petróleo, no es renovable y a la nación le quedan menos de seis años de reservas. Esta es una razón de peso por lo cual quienes dirigen la compañía deberían estar haciendo el mayor esfuerzo por garantizar la diversificación productiva de la compañía, como en la petroquímica y en la refinación.

Sobre la primera ya se sabe que el consejo de ministros del presidente Santos autorizó la privatización de Propilco, la única empresa de petroquímica de Colombia, que compró Ecopetrol en 2008 por ser un activo estratégico y después de haber cuadruplicado su capacidad de producción, sospechosamente dejó de serlo para el gobierno.

Sobre la segunda se conoce que la necesaria modernización de la refinería de Cartagena, Reficar, ha sido la obra más costosa en la historia del país, no solo en su valor inicial, sino porque además costó el doble por cuenta de hechos dolosos que está investigando la Contraloría y que hacen parte de los argumentos jurídicos de Ecopetrol contra CB&I en un tribunal extranjero.

Parte de los sobrecostos se relacionan con una adición por USD 300 millones en 2012, autorizada por Juan Carlos Echeverry, entonces ministro de Hacienda y hoy presidente de Ecopetrol, para adicionar una planta de propileno que hará aumentar la capacidad de producción de Propilco, que financiamos los colombianos pero de la cual se beneficiaría el próximo dueño privado.

A esta cadena de hechos que prueban el desprecio de los encargados de defender el patrimonio público, se suman una serie de cuestionamientos sobre el manejo actual de la política de combustibles. Un informe publicado hace pocos días por la Unión Sindical Obrera y la Red de Justicia Tributaria, dan cuenta de actuaciones irregulares que deben ser investigadas, como las siguientes:

  1. El país consume 309 000 barriles al día de refinados, pero produce menos, lo que genera un déficit diario de 63 845 barriles. Esto justificó la modernización de la refinería de Cartagena e hizo crear un Plan para la Modernización de la Refinería de Barrancabermeja (PMRB).
  2. La de Cartagena se realizó y, después de los escándalos por sobrecostos y a pesar de la necesidad, la de Barranca se frenó.
  3. Como la de Cartagena se demoró en entrar en operación y la de Barranca no está produciendo a pleno, en 2016 las importaciones de combustibles costaron a los colombianos $ 11, 5 billones. Súmenlo a los $ 12 billones de sobrecostos de Reficar.
  4. A pesar del déficit, Reficar prefirió exportar 32 207 barriles diarios de diésel y 3255 de gasolina, de los cuales el 26 % se dirigió a la península de Gibraltar, un pequeño territorio colonial británico en el sur de Europa.
  5. Al mismo tiempo, importó 71 000 barriles diarios de estos combustibles, muchos de los cuales se compraron a una isla caribeña holandesa llamada San Eustaquio, del mismo tamaño que la localidad de Chapinero en Bogotá.
  6. Para soportar financieramente esta y otras actividades sospechosas en territorios sospechosos, en 2010 Ecopetrol creó un banco en Suiza –¡no una cuenta, un banco! – desde el cual se han prestado USD 4184 millones, de los que no se tiene certeza sobre las garantías que se otorgaron para dichos préstamos, que en 50 % tuvieron como destino Reficar.

La autosuficiencia en combustibles del país está en jaque y también el futuro de una compañía cuya riqueza pudo haber servido para apalancar el desarrollo económico del país por medio de la diversificación productiva. Pero en cambio, ha servido para nutrir las arcas de unos gobiernos que han actuado con irresponsabilidad con las finanzas públicas. Un país diferente al actual implica necesariamente defender a Ecopetrol como patrimonio para el bienestar de las mayorías, no de una pequeña élite que se ha lucrado de los recursos naturales de Colombia.

Adenda: muy sensata la decisión de los habitantes de Cajamarca de votar contra el proyecto de La Colosa. La prueba de la justeza de la decisión es el rechazo del gobierno y sus amigotes de las transnacionales de la gran minería.

*Mario Alejandro Valencia, director de Cedetrabajo, miembro de Justicia Tributaria y profesor del CESA y la Universidad Central. Twitter: @mariovalencia01

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