Mala calificación iniciando el año: José Roberto Acosta

Mala calificación iniciando el año: José Roberto Acosta

 

A pesar de ser aprobada la nefasta reforma tributaria para dar gusto a las calificadoras internacionales de riesgo, esta semana una de ellas, Fitch Ratings, bajó su perspectiva para el sector bancario colombiano.

A Fitch le preocupa el deterioro en la suficiencia de capital, en especial para aquellos bancos grandes que tienen inversiones en el extranjero: “Los índices de Capital Base según Fitch (FCC, por sus siglas en inglés) a nivel consolidado son débiles en comparación con los de sus pares internacionales”.

Debido a que el banquero presta el dinero de otros, el Foro de Estabilidad Financiera promovió el tercer acuerdo en Basilea (Suiza), después de la crisis hipotecaria del 2008, exigiendo que de cada cien pesos que preste un banquero, mínimo seis pesos sean de su propio bolsillo. La advertencia que hace Fitch es que los bancos nacionales con inversiones bancarias en el exterior pareciera que no cumplen con ese mínimo. Actualmente, entidades como Bancolombia o el Banco de Bogotá contabilizan sus bancos en el exterior por su valor de inversión, pero no descuentan el crédito mercantil en el que incurrieron para poderlos adquirir. Si se contabilizara el neto sin dicha deuda, el numerito de capital del banquero bajaría, desnudándose un apalancamiento muy riesgoso.

La Superintendencia Financiera no puede cruzarse de brazos en momentos en que, por el debilitamiento económico, los préstamos otorgados por nuestro sistema financiero empiezan a incrementar su morosidad, generando riegos que pagaríamos todos, como sucedió en la crisis financiera de finales del siglo pasado, y en momentos en que la diversificación de cartera financiera empieza a desdibujarse por concentrarse en compromisos bancarios de desembolsos billonarios para las riesgosas obras de infraestructura de 4G.

Por esta última razón, ya vemos cómo les echan mano a los peligrosos autopréstamos con recursos pensionales, autorizados mediante el decreto 1385 del año 2015, arriesgan los dineros de Isagén y usan entidades públicas, como el Banco Agrario, para financiar concesiones como la liderada por la corrupta Odebrecht en Navelena, y para otorgar billonarias garantías a Mario Huertas o la extranjera MECO.

Será inútil la arrodillada del Gobierno ante las calificadoras de riesgo, como será penoso que se arrodille a los grandes banqueros y no los ponga en cintura, exigiéndoles mayor respaldo de capital. Se necesita menos rodilleras y más cinturón.

@jrobertoacosta1 / jrobertoacostaopinion@gmail.com

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