‘Calificadoras deben sentirse bien con la reforma tributaria’

‘Calificadoras deben sentirse bien con la reforma tributaria’

Eric Thompson, socio para la Región Andina de KPMG, desestima que lo aprobado en la iniciativa aumente el crecimiento económico del país.

Con los ajustes que hicieron los congresistas antes de presentar la ponencia disminuyó casi en $1 billón de pesos adicionales el recaudo que el Gobierno esperaba obtener con la reforma, sin embargo para Eric Thompson, socio Región Andina de KPMG, los $6,2 billones que recibirá en el primer año, deben ser suficientes para que las agencias calificadoras se sientan seguras con el nivel de recaudo en Colombia.

“La cifra deseada por el Gobierno era superior, pero el objetivo de recaudo queda logrado y eso debe contribuir a la tranquilidad de las calificadoras sobre el riesgo soberano del país, la cual era una de las prioridades del Gobierno”.

El Gobierno Nacional ha enfatizado en que con la aprobación de la reforma tributaria estructural que presentó en octubre, el país no requerirá, al menos durante unos diez años, realizar nuevos cambios al régimen fiscal. Sin embargo, Eric Thompson, socio Región Andina de KPMG, sostiene que el estatuto tributaria que se debate en el Congreso no cumple con muchos de los parámetros que se requieren por lo cual la próxima administración tendrá como una de sus prioridades la presentación de una nueva reforma tributaria.
Desde diciembre del 2015, cuando la Comisión de Expertos tributarios presentó al Gobierno sus recomendaciones se ha venido debatiendo la conveniencia de estas. Posteriormente con la radicación del articulado, la polémica aumentó y transcurrido el primer debate en comisiones económicas, se agudizó aún más.

Uno de los pilares de la reforma era la ampliación de la base gravable para personas naturales, lo cual al final no se introdujo en el texto aprobado el martes por el Legislativo. Ante esto, Thompson manifestó que “se evaluó cuál será el costo beneficio al aumentar el número de declarantes y se concluyó que eso no iba a implicar una contribución adicional, solo se generaría una mayor tramitología que no iba a suponer un significativo recaudo”.

Frente a la decisión del Congreso de no permitir que se discutiera el impuesto a las bebidas azucaradas, Thompson sostuvo que en aras de la equidad tributaria está bien que esto haya sucedido pues “no es bueno tener impuestos selectivos, que de alguna manera se vuelven discriminatorios”.

Otra de sus preocupaciones está ligada con la tarifa impositiva que se les estaría aplicando a las empresas a partir del 2017. “La combinación de renta y dividendos, deja la preocupación sobre la mesa, porque reduce el sesgo anticompetitivo de la legislación actual, pero no lo suficiente para mejorar la competitividad”.

Añade que al menos “mientras entra en vigencia la reforma es muy previsible que la carga para las empresas aumentará y ese no parece ser la mejor dirección para mejorar la competitividad y atraer una mayor inversión extranjera”.
Sin embargo sostiene que a la reforma se le debe reconocer que se está tratando de corregir la carga a las empresas. No obstante, asegura que los elementos aprobados en el primer debate, no permiten “ser muy optimistas en materia de tener una agenda fiscal guiada a mejorar e impulsar el crecimiento económico. Se basa en ajustar el recaudo sobre los contribuyentes que ya son aportantes”.
Sobre las herramientas de la reforma para combatir la evasión de impuestos indicó que “se debe profundizar en cuáles son los compromisos del Gobierno de aumentar el recaudo a través del control de la evasión y elusión, y para ello debe haber metas y compromisos más específicos”.

Las zonas francas y la renta presuntiva eran otras de las preocupaciones del sector empresarial, sobre esta última manifestó que es una herramienta cuestionable porque se presume de una rentabilidad mínima de las empresas, desconociendo que ha ocasiones en las que las compañías registran resultados inferiores a los esperados y en algunos casos, pérdidas.
Sobre las zonas francas, asegura que la reforma busca “ir acercando la tarifa de estos lugares con las de las empresas que no están radicadas allí”.

Sobre la conveniencia de aumentar al 19% el IVA en el país, manifestó que “la solución ideal con el IVA es ampliar la cobertura lo cual haría innesesario aumentar la tarifa, pero hay que reconocer que si se reconoce que hay grandes índices de evasión con la subida de la tarifa se incentiva a que estos sigan creciendo”, aclaró Thompson.

Se espera que la próxima semana las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República vuelvan a analizar el proyecto que hace trámite. El Gobierno ha insistido en la necesidad de que desde el primero de enero de 2017 comience a regir esta reforma para evitar que las agencias calificadoras tomen medidas sobre la nota crediticia del país.

Tomado de: Portafolio

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