Sábado, octubre 21, 2017

Estructura tributaria será más regresiva si se aprueba la reforma

Estructura tributaria será más regresiva si se aprueba la reforma

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Oxfam_logo_verdeElaborado por la Red de Justicia Tributaria en Colombia

Regresividad, regresividad, regresividad…El dogma del gobierno

La propuesta de reforma tributaria que el presidente Juan Manuel Santos y el ministro Mauricio Cárdenas presentaron al Congreso de la República es el resultado del desespero fiscal y el chantaje de mantener el grado de inversión a costa de ahogar la economía por la vía de reducir el ingreso disponible de los hogares de ingresos bajos y medios. Los platos rotos del manejo irresponsable de la economía durante su gobierno, en el cual se dilapidó la bonanza petrolera, se avanzó en la destrucción del aparato productivo y el empleo de calidad, y se colmó de beneficios a las transnacionales, los pagará la ciudadanía más necesitada. El único resultado posible es la profundización de la desigualdad, por cuenta de una estructura tributaria regresiva que aumenta los impuestos indirectos y reduce los directos.

No es una mera interpretación. El mismo Gobierno reconoce en la exposición de motivos del proyecto de reforma[1] que los tributos directos “deben extinguirse” y las finanzas públicas deben “generar nuevos ingresos, en particular los provenientes del IVA”. En efecto, las cifras muestran que para el año 2017, el aumento del IVA y los demás impuestos indirectos recaudarían $ 9,1 billones[2] (1% del PIB), mientras el impuesto a la renta caería en $ 1,9 billones (0,2% del PIB). Similar comportamiento se dará para el 2018, cuando se espera que en impuestos indirectos se recaude $ 10,8 billones y en renta se dejen de percibir recursos por $ 1,2 billones, como se puede ver en el cuadro 1.

Cuadro 1. Recaudo adicional del Gobierno Nacional Central por tipo de impuesto esperado con reforma 2017 -2022

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Fuente: Exposición de Motivos Proyecto de Ley Reforma Tributaria.

Solo a un gobierno de la naturaleza del de Santos podría ocurrírsele que para resolver los graves problemas de desigualdad del país, que lo ubican como uno de los 10 con mayor concentración de la riqueza en el planeta, se debe acudir a aumentar los impuestos indirectos como el IVA y disminuirlos a los grandes capitales que operan en Colombia.

Más impuestos indirectos que pagarán los menos favorecidos

De acuerdo con la propuesta de reforma, el IVA pasaría de 16 a 19%, incluyendo este aumento al 60% de bienes de la canasta familiar que ya están gravados. Además mantiene el IVA de 5% a otros bienes que este gobierno gravó en la reforma de 2012, como trigo, café, chocolate, aceites vegetales, pastas alimenticias y hasta el salchichón; ahora se suman los diarios y publicaciones periódicas e impresos en esta categoría.

También está en la reforma la limitación de la exclusión del IVA en la compra de celulares y computadores y la imposición de un impuesto al consumo de datos móviles del 4%, que va en contravía del discurso político del presidente Santos de la inserción del país a la economía del conocimiento y las tecnologías, con lo que queda demostrada la falacia que se le venía presentando al país en torno a la cuarta revolución industrial. En esta categoría, el gobierno de Santos propone también gravar a las editoriales con impuestos entre 9 y 32 por ciento, que afectaría fundamentalmente a quienes están intentando crear conocimiento en el país y beneficiando la importación de textos, un duro golpe a la producción editorial, intelectual y cultural del país.

Además, los combustibles también se verán afectados con la reforma, ya que la propuesta contempla un impuesto adicional a la gasolina, denominado ‘Impuesto al Carbono’ de $ 135 pesos  adicionales por galón (cuadro 2), que se sumarían a los más de $ 1.000 que se pagan hoy en día por galón de gasolina corriente con el Impuesto Nacional a la Gasolina y ACPM, que recae sobre los hogares de ingresos bajos y medios que son los mayores consumidores de combustibles, porque allí están cerca del 92% del parque automotor. En este mismo sentido, preocupa la propuesta de crear una contribución parafiscal al combustible para financiar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que cuenta con déficit de $ 5 billones a 2015, y el cual recae directamente sobre refinadores de combustibles como Ecopetrol, la única refinadora de combustibles en Colombia.

Cuadro 2. Impuesto al carbono por galón y tipo de combustible

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Fuente: Proyecto de Ley Reforma Tributaria, Artículo 208.

Un gobierno al servicio de las transnacionales

Las empresas pagarían menos impuesto a la renta, bajando en promedio del 40 al 32%. Adicionalmente, gran parte de las exenciones tributarias y demás beneficios que gozan se mantienen, incluso se crean nuevos como el de “costo fiscal de las inversiones” para los gastos de evaluación y exploración del sector minero-energético.  

Sin embargo, se mantiene la regresividad del impuesto a la renta, porque a diferencia de los países con que Colombia compite en los negocios globales, no hay tarifas diferenciadas entre pequeñas, medianas y grandes empresas.

Aunque el gobierno ha sido elocuente en afirmar que los dividendos pagarán impuestos, una propuesta progresiva, la realidad es que la reforma tributaria establece que solo se hará si el pago de dividendos recae en cabeza de una persona natural, lo que en la práctica es un mico que permite que se paguen dividendos sin impuestos a los socios de compañías que utilizan empresas para recibir estos ingresos.

En Colombia viene haciendo carrera la idea de que las empresas deberían pagar menos impuestos y que estos deben recaer sobre personas naturales. Sin embargo, se ignora que la administración tributaria tiene una capacidad limitada para establecer quién es el beneficiario real de las actividades de empresas extranjeras en el país, los directivos de compañías extranjeras -en general- reciben sus sueldos en las casa matrices y sus gastos de sostenimiento en Colombia son cargados como gastos de las empresas, prácticas que imposibilitan cobrar impuestos a las personas naturales que derivan sus ingresos del trabajo con este tipo de empresas  y erosionan la base tributaria.

Además las transnacionales utilizan los bienes públicos en materia de seguridad e institucionalidad, por lo que deben pagar lo justo en retribución al Estado.

Pero como es esta la lógica que se está imponiendo en la tributación nacional, los trabajadores colombianos deben asumir una mayor carga. Por eso la reforma propone gravar a las persona naturales desde $2.479.000 de ingresos mensuales con una tarifa de 10%, un ingreso insuficiente para que una familia mejore su calidad de vida, pero que la dupla Santos-Cárdenas considera de millonarios. Esto ocurre porque el actual gobierno, como también lo ha reconocido, presentaron una reforma tributaria dictada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que sigue lineamientos de los países ricos de ese club, a los que Colombia no se parece en materia social ni económica.  

En el caso del monotributo, a pesar de ser opcional, este es el primer paso para gravar a los pequeños comerciantes. Además, en una clara violación al principio de equidad, tenderos y salones de belleza -entre otros- tendrían que pagar entre $40.000 y $ 80.000 pesos mensuales en impuestos que se cobran sobre sus ventas, mientras al resto de empresas más grandes se les cobra sobre las utilidades.

Reforma atenta contra el principio constitucional de libertad de asociación.

Por el lado de las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), el Gobierno propone un control a la actividad a discreción de criterios tributarios y no sobre la verdadera naturaleza de las organizaciones. Impone, por ejemplo, la obligación de que la cooperación internacional tenga que registrase ante la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC Colombia), un duro golpe a la Constitución al violar la libertad de asociación, en una clara persecución a quienes realizan vigilancia, control y veeduría a las políticas gubernamentales.

Con esta reforma, el Estado da un paso más en la lógica de libre mercado en la cual todas las actividades de una sociedad deben ser consideradas con ánimo de lucro, como si fueran bienes o servicios de mercado, incluyendo aspectos tan sensibles para el desarrollo social como los sindicatos, las cooperativas de pequeños productores y comerciantes, las juntas de acción comunal y hasta los bomberos.

Los otros temas de la reforma que afectan a la población

Por el lado de fortalecimiento administrativo, a pesar de que se le dedican 14 artículos de la reforma, no aporta nada nuevo cuando se refiere a la idoneidad de los empleados de la DIAN, al mérito ni al papel que juega la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) como el ente encargado de la selección para el acceso a la carrera administrativa. Igualmente en el proyecto se ratifica la dirección militar en los puestos  de frontera, sin que previamente se haya hecho una evaluación de los resultados de esa política y por el contrario desconociendo el estudio que muestra que el costo beneficio de la POLFA ha sido negativo para la DIAN.

De todas formas no hay voluntad política del Gobierno Nacional para un verdadero fortalecimiento de la DIAN en personal y sistemas, que ayudaría a disminuir la alta evasión en IVA y renta, que cuesta al año alrededor de $ 26 billones. Esta falta de voluntad política también se traduce en la ausencia de mecanismos efectivos para perseguir los capitales que se fugan hacia paraísos fiscales sin pagar impuestos, las mercancías subfacturadas que ingresan desde territorios como Panamá arruinando a productores nacionales y las estrategias que utilizan las transnacionales minero-energéticas para comercializar a menos precio los recursos naturales del país.

Finalmente, hay una cantidad de aspectos que no se consideran en la reforma, por lo cual no es posible hablar del cumplimiento de los principios constitucionales de equidad, proporcionalidad y progresividad, y mucho menos de los objetivos del discurso político de la actual reforma de la calidad tributaria, la lucha contra la evasión y llevar el recaudo al nivel potencial:

  • Impuesto a las remesas empresariales: el Gobierno sigue sin restaurarlo, el cual, según los cálculos de Justicia Tributaria recaudaría cerca de $ 2,1 billones y posibilitaría la reinversión de utilidades por parte de las empresas, generando así mayores puestos de trabajo o compra de insumos para sus actividades.
  • Reforma con enfoque de género: aún no hay un explicación valedera para gravar con la tarifa general del IVA a productos básicos de uso femenino como las toallas higiénicas y los tampones, lo cual tiene un impacto severo sobre las finanzas de las mujeres en el país, teniendo en cuenta que ganan 20% menos que los hombres y tienen menos oportunidades de accesos al mercado laboral en Colombia.
  • Financiación del SENA y el ICBF: la reforma tributaria de 2012 lesionó la financiación de estas dos importantes instituciones para la estabilidad y el desarrollo social del país, al disminuir los parafiscales y establecer el CREE, un impuesto con destinación específica. Los excedentes generados por este último no han sido trasladados a las instituciones indicadas, sino que han servido para generar unidad de caja en las necesidades del Gobierno Nacional. Se estima que para 2016 el SENA dejaría de recibir $ 1 billón, que le corresponden del CREE, pero que están siendo apropiados irregularmente por el Gobierno.
  • Lucha contra la evasión tributaria: a pesar de que las estimaciones de evasión en Colombia suman más $ 26 billones de pesos[3], los recaudos por gestión de la DIAN apenas llegan a máximo $ 7 billones en 2022, una cifra ínfima comparado con lo que se pierde año a año y para sumar la propuesta se encamina a sanciones laxas para valores superiores a los $ 5.000 millones, facilitando que la anunciada cárcel para los evasores no se aplique.

Conclusiones

Las razones aquí esgrimidas muestran que esta reforma tributaria en nada contribuye a la solución de fondo de los problemas económicos y sociales del país, todo lo contrario. Se hace imperioso que el Congreso de la República tome cartas en el asunto, si –como lo expresa con frecuencia- quiere ver a un país menos desigual. La tributación no puede basarse en impuestos indirectos y regresivos que afectan la capacidad de gasto e inversión de los ciudadanos, ni que se disfrazan de directos pero terminen afectando en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas, principal fuente de generación de empleo del país.

La crisis económica del país tiene bases estructurales que no se resuelven con la reforma tributaria presentada al Congreso. La justicia tributaria parte del fortalecimiento de fuentes productivas de generación de riqueza en la agricultura, la industria y servicios de alto valor agregado, un gasto público efectivo y suficiente para las necesidades de desarrollo del país y, por supuesto, que los más ricos y las transnacionales paguen lo justo.  

Las consecuencias de esta reforma tributaria que aumenta los impuestos indirectos y reduce los directos, en un contexto macroeconómico adverso de desaceleración económica, déficit gemelos, caída del consumo y aumento de la moratoria en los créditos, provocará una disminución del ingreso disponible de los hogares de ingresos bajos y medios que conducirá a una profundización de la crisis económica del país. Por eso la mejor recomendación es no aprobarla.

[1] Página 7: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-059072%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

[2] Incluye IVA, Impuesto al Consumo y Combustibles.

[3] Evasión en renta + IVA

Descargar (PDF, 1.88MB)

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